El Nuevo Gobierno de Colombia

El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia — la primera posesión celebrada fuera de Bogotá. Ganó la segunda vuelta del 21 de junio con 49,66% frente al 48,70% de Iván Cepeda — un margen de aproximadamente 252.000 votos sobre más de 25 millones depositados, con la participación más alta jamás registrada en una segunda vuelta colombiana. Para las empresas que operan en Colombia, la pregunta relevante no es quién ganó. Es cuáles de los cambios anunciados se convertirán en ley, en qué plazo, y qué debe decidirse antes de que eso quede claro.

Lo Que Está Confirmado

Tres hechos están definidos. La transmisión del mando ocurre el 7 de agosto. El vicepresidente es José Manuel Restrepo, quien se desempeñó como ministro de Hacienda durante la administración Duque — una señal de ortodoxia fiscal que los mercados leyeron de inmediato. Y el mandato es excepcionalmente estrecho: menos de un punto porcentual, en una contienda en la que la campaña perdedora impugnó más de una cuarta parte de las mesas de votación antes del conteo final.

Esa estrechez es en sí misma un insumo de planeación. Un gobierno elegido por un margen tan delgado, frente a un Congreso que no controla, encontrará que aprobar reformas estructurales es más difícil de lo que sugiere la retórica de campaña. Los anuncios deben leerse como intención, no como cronograma.

La moneda ya se movió. El peso se fortaleció de forma significativa durante el segundo trimestre, negociándose cerca de 3.206 por dólar a finales de julio, frente a máximos superiores a 3.800 en mayo. Parte de ello es una revaluación de la prima política; parte responde a un carry trade contra una tasa de política monetaria cercana al 12%. Los equipos de tesorería con exposición colombiana no deberían asumir que alguno de los dos factores sea permanente.

Lo Que Se Ha Anunciado — y Cuánto Vale un Anuncio

La administración ha planteado una agenda que representaría la reorientación más significativa de la política tributaria colombiana en una década. La DIAN pasaría de administrar cerca de quince impuestos nacionales a tres principales: el impuesto de renta corporativo, el impuesto al valor agregado y el IVA a las importaciones. El gravamen a los movimientos financieros — el cuatro por mil, una constante del comercio colombiano desde 1998 — sería eliminado, al igual que el impuesto al patrimonio, bajo el argumento de que desincentiva la inversión.

Se ha reportado que un paquete de aproximadamente noventa decretos está preparado para los primeros días del nuevo gobierno. Entre ellos: la autorización de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y la habilitación del fracturamiento hidráulico.

Nada de esto es ley. Los decretos pueden expedirse con rapidez, pero están sujetos a control constitucional — una lección que Colombia aprendió de forma costosa en el primer semestre de este año. Cambios de estructura tributaria de la escala descrita requieren aprobación del Congreso en cuatro debates. La distancia entre una agenda anunciada y una agenda promulgada es donde se cometen los errores de planeación.

La Herencia Fiscal

El nuevo gobierno hereda dos asuntos tributarios sin resolver, y ambos tienen consecuencias inmediatas para las entidades de capital extranjero.

El primero es derecho vigente y representa dinero recuperable. El Decreto 1474 de 2025, que introdujo medidas tributarias de emergencia a finales de diciembre, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional el 15 de abril de 2026 mediante la sentencia C-079/26, tras la anulación del estado de excepción que lo sustentaba seis días antes. El decreto produjo efectos jurídicos únicamente entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026. La Corte ordenó que los impuestos directos afectados durante esa ventana no puedan determinarse ni recaudarse, que los montos pagados por anticipado sean devueltos, y que los impuestos indirectos sean reintegrados a quienes puedan demostrar que asumieron el costo. Las situaciones ya consolidadas — reducciones de sanciones y conciliaciones obtenidas antes del 28 de enero — permanecen válidas.

Las empresas que pagaron bajo ese decreto tienen una reclamación. Muchas todavía no la han cuantificado.

El segundo es un asunto inconcluso. La administración saliente radicó una cuarta reforma tributaria el 20 de julio de 2026, en busca de alrededor de 21,9 billones de pesos de recaudo adicional a partir de 2027. Sus disposiciones importarían considerablemente a las casas matrices extranjeras: la tarifa de retención sobre dividendos pagados a no residentes subiría al 30% con la eliminación del descuento existente; el gravamen por presencia económica significativa sobre servicios digitales aumentaría del 3% al 5%; el umbral de exoneración de aportes parafiscales sobre la nómina caería de diez a tres salarios mínimos, elevando los costos laborales de forma material. El gobierno entrante rechazó públicamente la reforma el 22 de julio. No ha sido aprobada y sus perspectivas son escasas. Debe monitorearse, no incorporarse a la planeación.

Energía: La Reversión Más Clara

Ningún sector enfrenta un cambio prospectivo más marcado que el de hidrocarburos. El gobierno saliente suspendió la firma de nuevos contratos de exploración como parte de su política de transición energética y, el 20 de julio, radicó un proyecto de ley para prohibir el fracking de manera definitiva. El gobierno entrante ha declarado que se moverá en la dirección opuesta desde sus primeros días.

La situación de fondo explica la urgencia de ambos lados. Colombia cerró 2025 con 1.717 gigapies cúbicos de reservas probadas de gas — una caída de 16,8% en un solo año y 54,6% por debajo del nivel de 2018, equivalente a 5,9 años al ritmo de producción actual. La inversión exploratoria cayó cerca de 42% entre 2022 y 2025. El 30 de julio, Ecopetrol abrió un proceso competitivo para contratar gas natural licuado importado por cinco años, con entregas a través de Buenaventura desde finales de 2026.

Para los operadores, la consecuencia práctica es que las condiciones de contratación pueden cambiar con rapidez — y que los términos fiscales siguen siendo la variable abierta. La no deducibilidad de las regalías ha sido introducida, declarada inexequible por la Corte Constitucional, reintroducida por decreto de emergencia, declarada inexequible de nuevo, y propuesta una vez más en la reforma de julio. Cualquier modelo que trate el régimen fiscal como algo resuelto está modelando la variable equivocada.

El Panorama de Inversión Detrás de la Política

La inversión extranjera directa alcanzó USD 11.469 millones en 2025, un descenso de 16,1% frente a 2024 y aproximadamente un tercio por debajo del pico de 2022. Colombia pasó del tercer al quinto lugar en la región, detrás de Brasil, México, Chile y Perú.

La composición importa más que el titular. En el primer semestre de 2026, los flujos de inversión ajenos al petróleo y la minería cayeron 32% frente al año anterior, mientras que los flujos extractivos descendieron apenas 5,4%. Cerca de 80% de la inversión extranjera del primer semestre se concentró en petróleo y minería. Colombia se ha vuelto más dependiente del capital extractivo, no menos — lo opuesto al objetivo de política declarado en los últimos cuatro años.

Para un fabricante, un grupo de servicios o una compañía de tecnología que evalúa a Colombia, esta es una señal más útil que cualquier resultado electoral: la competencia por activos de calidad no extractivos es más escasa de lo que ha sido en años.

Qué Hacer en los Próximos Noventa Días

Cuantifique la posición del Decreto 1474. Es derecho vigente y el único punto de esta lista con una dinámica de plazo definida. Determine qué se pagó bajo el decreto entre el 30 de diciembre y el 28 de enero, si era directo o indirecto, y qué documentación respalda una solicitud de devolución. Confirme que cualquier reducción de sanción o conciliación obtenida antes del 28 de enero esté debidamente documentada como situación consolidada.

Modele el escenario de dividendos sin actuar sobre él. Pasar del tratamiento actual a una tarifa de 30% sobre distribuciones a no residentes cambiaría de forma significativa la economía de la repatriación. Corra los números. No reestructure los esquemas de tenencia accionaria sobre la base de un proyecto radicado pero no aprobado que el gobierno entrante ya rechazó.

Revise la exposición en nómina. Si el umbral de parafiscales cayera de diez a tres salarios mínimos, los costos laborales aumentarían desde 2027 para una porción sustancial de la fuerza laboral formal. Establezca hoy qué significa eso para su planta de personal en Colombia, mientras sigue siendo un ejercicio de planeación y no de cumplimiento.

No asuma que el calendario tributario es estable. Dos gobiernos en un mismo año fiscal, con un decreto de emergencia anulado y una reforma pendiente, configuran un entorno en el que posiciones de declaración adoptadas de buena fe pueden requerir revisión. La disciplina documental importa más de lo habitual este año.

Observe los primeros treinta días, no el primer discurso. Lo que efectivamente se firme en agosto, y lo que sobreviva al control constitucional en los meses siguientes, dirá considerablemente más que la campaña.

La Disciplina de Saber Esperar

Las transiciones políticas no recompensan a las empresas que se mueven primero ni a las que esperan más tiempo. Recompensan a las que separaron lo confirmado de lo anunciado, cuantificaron su exposición bajo cada escenario, y estuvieron listas para actuar cuando la distinción se resolvió.

Colombia ha producido, en un solo año fiscal, un decreto de emergencia anulado con devoluciones pendientes, una reforma tributaria radicada por un gobierno a días de terminar su mandato, y una administración entrante que propone desmontar buena parte de la estructura existente. Es una cantidad inusual de movimiento. También es enteramente navegable con la preparación adecuada — que es, como siempre, la diferencia entre complejidad y riesgo.